El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado en la sesión correspondiente al mes de junio una moción de la Concejalía de Fomento y Empleo a través de la cual los empresarios que contraten a jóvenes en situación de desempleo con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, de forma temporal y con una duración superior a 6 meses de forma interrumpida recibirán un cheque empleo de 1.000 euros por cada trabajador contratado.
En el caso en el que la contratación sea indefinida de forma inicial, con un mantenimiento mínimo del contrato de 2 años, se otorgará un cheque de 1.500 euros. Tal y como ha informado la edil de Formación y Empleo, Trini Cayuela, el desempleado debe estar inscrito en el Centro Local de Empelo para Jóvenes y en el Servicio Regional de Empleo (SEF) como mínimo tres meses. Además, tiene que estar empadronado en Totana de forma interrumpida al menos 12 meses.
Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Totana, en materia de Nuevas Tecnologías, ha aprobado por unanimidad la iniciativa presentada para la creación de una Red Social de Redes Sociales de Internet. En esta misma línea, y con los votos en contra de IU+Los Verdes, y con los votos favorables del PP y PSOE se ha aprobado mejorar la cobertura de Internet y telefonía móvil en distintas zonas residenciales de la localidad.
Por otro lado, y con los votos en contra de IU+Los Verdes y con los votos a favor de PP y PSOE se ha aprobado la propuesta presentada por la Concejalía de Medio Ambiente para reivindicar el papel de los gobiernos locales en la protección y gestión del patrimonio medioambiental y paisajístico por su capacidad para preservar las distintas maneras de vivir en armonía y por su sensibilidad e interés en mantener el mejor legado social, cultural y de crecimiento económico sostenible hacia las siguientes generaciones.
Asimismo, los corporativos han acordado con los votos favorables del PP y la abstención de PSOE e IU+Los verdes, la moción del Grupo Municipal Popular para garantizar un procedimiento justo al ciclista murciano Alejandro Valverde para mostrar su apoyo a las políticas de lucha contra el dopaje.
Por su parte, se ha aprobado con los votos a favor del PP y con los votos en contra de IU+Los Verdes y PSOE, la enmienda a la totalidad presentada por el PP a la del Grupo Municipal de IU+Los Verdes, para instar al Gobierno de la Nación a impulsar el diálogo social entre empresarios y sindicatos para alcanzar un pacto sobre el aumento progresivo del Salario Mínimo Interprofesional.
De la misma manera, se ha dado luz verde por unanimidad de todos los grupos políticos la enmienda de adición presentada por el PP a la de IU+Los Verdes, para solicitar de cara a la convocatoria de subvenciones de 2010 del IMAS, una subvención para costear el 75 % del coste que supondría las reformas en el techo del Centro Ocupacional “José Moya” para la instalación del sistema de aire acondicionado, así como para la adquisición de la maquinaria adecuada en la zona de aulas del edificio, que requerirá la redacción de un proyecto previo.
Así, y entre otras propuestas, los corporativos han aprobado unánimemente la propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista, para la implantación de la Ley de Dependencia en la Región de Murcia.
Analizar situación de familias sobreendeudadas
Por otro lado, los corporativos han aprobado unánimemente la propuesta presentada por el PP para analizar la situación de familias sobreendedudas, a través de la cual se instará al Gobierno de la Nación, en coordinación con las Comunidades Autónomas, a asegurar a las Administraciones Públicas con competencias en asuntos sociales la financiación necesaria para ampliar temporalmente las ayudas de emergencia social o los ingresos mínimos de inserción, así como impulsar un Plan de choque concertado con los agentes sociales, económicos y financieros, así como con las asociaciones afectadas para atender a las familias sobreendeudadas residentes en España a causa de la crisis económica.
Además, a través de esta propuesta se instará al Gobierno de la Noción a promover la creación de un Fondo financiado por el Estado y gestionado por las Comunidades Autónomas para atender el impago de las rentas del alquiler de vivienda habitual para personas en situación de alta vulnerabilidad social y víctimas de acoso inmobiliario, previendo la devolución de las cantidades anticipadas por el Fondo, una vez que los beneficiarios superen la situación de necesidad que motivó la percepción de las ayudas.
